La Constitución de 1993 debe ser cambiada o reformada de manera responsable porque está al servicio de la concentración del poder en pocas personas, la abolición del estado de derecho, avasallamiento de instituciones públicas, la privatización y el capital externo, el colapso de los partidos políticos y organizaciones sociales, la corrupción, subordinación de la prensa a cambio de prebendas, el libre mercado y libre competencia mal entendidos, entre otros intereses que no favorecen al Perú.
Así lo consideró el profesor César Norman Irigoín Sánchez, quien señaló que la actual carta magna es fruto del autogolpe de Estado de 1992 por parte del ex presidente Alberto Fujimori y no responde a los intereses nacionales, sino legaliza políticas que favorecen principalmente a los grandes poderes internacionales como el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Opinó que la Constitución de 1979 fue más moderada.
“Con esta constitución es como si siguiéramos viviendo el fantasma de la crisis de los 90; creo ya no estamos en ese tiempo. El Estado sigue arrodillándose ante las mineras y otras grandes empresas como Telefónica que vienen al Perú a llevarse nuestras riquezas y miles de millones de soles, a cambio de migajas. El país es atractivo para la inversión extranjera porque las grandes empresas encuentran aquí la gallina de los huevos de oro mientras los peruanos luchamos por un sueldo mísero, y eso es avalado por la Constitución”, manifestó.
