Así como ocurre en diferentes provincias y regiones del Perú desde el pasado 7 de diciembre, las movilizaciones y otras acciones de protesta han ido intensificándose en la provincia de Chota ante la agudizada crisis política y social. Las vecinas provincias de Chota, Santa Cruz y Cutervo también se han sumado a las manifestaciones generalizadas en el ámbito nacional. No debemos permitir más muertes a consecuencia del enfrentamiento entre peruanos. La situación obliga a un diálogo urgente y voluntad política para consensuar soluciones sesudas en favor de los intereses nacionales.
Las acciones de lucha comenzaron a raíz de la crisis acrecentada con la tercera moción de vacancia presidencial y el anuncio de la disolución del Congreso de la República por parte del entonces presidente José Pedro Castillo Terrones, fallido intento de autogolpe de Estado que trajo como consecuencia su inmediata vacancia y detención.
Lo que comenzó con vigilias y reducidas movilizaciones en algunos lugares del país fue creciendo e intensificándose en el ámbito nacional hasta convertirse en multitudinarias protestas, en algunas de las que lamentablemente alrededor de 20 personas han muerto y más de un centenar (manifestantes y policías) han resultado heridas por los enfrentamientos.
Los manifestantes exigen el cierre del Congreso, renuncia de la presidenta Dina Boluarte, instauración de un Gobierno transitorio, adelanto de elecciones (con reforma electoral), asamblea constituyente, liberación de Pedro Castillo, entre otras demandas.
También se han registrado destrozos en comisarías, locales del Ministerio Público y Poder Judicial, aeropuertos, vehículos (han sido quemados), establecimientos comerciales, entre otros bienes públicos y privados.
Ante la generalización de las manifestaciones y actos de violencia; el Gobierno instaló el denominado Gabinete de Crisis, convocó a Consejo de Estado y declaró estado de emergencia en las localidades donde las protestas se desbordaron; luego amplió la medida en el ámbito nacional, e incluso ha dispuesto toque de queda en diferentes provincias.
Sin embargo, las mencionadas medidas no han frenado las movilizaciones; por el contrario, las han exacerbado aún más, al punto de que en un solo día (15 de diciembre) se incrementó aproximadamente en una decena el número de muertos. También ha generado indignación las declaraciones de ciertos ministros, congresistas y algunos periodistas nacionales que han tratado de relacionar las protestas con el vandalismo y el terrorismo.
La presidenta Dina Boluarte presentó al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones al 2023 (en un primer momento había planteado para abril de 2024); sin embargo el Parlamento no lo aprobó.
Ante los enfrentamientos y muertes ocurridas en Ayacucho, renunciaron los ministros de Educación y Cultura.
Representantes de los manifestantes y también entendidos en la materia coinciden en que una de las soluciones a la crisis nacional es la instauración de un Gobierno de transición. Para ello solicitan la voluntad política de la jefa de Estado y el Congreso.
Lo cierto es que la agudización de la crisis política y social nacional asola aún más a la población peruana que aún está lejos de recuperarse de los estragos de la pandemia COVID-19. Los enfrentamientos entre peruanos deben terminar; no deben morir más compatriotas (padres, hijos, hermanos…nuestro prójimo).
Por ello, necesitamos urgente un diálogo sincero e inmediato para consensuar soluciones favorables a los intereses del Perú, dejando a un lado las ambiciones mezquinas que durante los más de 200 años de república no nos han permitido construir una sociedad más avanzada, humanista y equitativa.