El 01 de abril del presente año, el Jurado Nacional de Elecciones – JNE notificó el pedido de la suspensión de Aníbal Gálvez Saldaña como alcalde provincial de Chota. La solicitud ha sido presentada por el alcalde del centro poblado San Juan de Unicán del distrito de Miracosta, Franklin Edgardo Céspedes Cajo, debido al incumplimiento de la transferencia económica que, por ley, lo corresponde recibir al indicado poblado.
Para Gálvez Saldaña, la promulgación de Aclaratoria al artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en diciembre de 2023, que manda al Gobierno provincial transferir recursos a todos los centros poblados, no se ajusta a la realidad porque la entidad edil no tiene recursos suficientes para entregar dinero a los 79 centros poblados de Chota.
«Esa Ley es populista y va en contra de los recursos municipales. El Congreso no ha gestionado el dinero suficiente, y considero que la pretensión es solo confundir a la población», dijo el alcalde de Chota.
La autoridad edil prosiguió que es respetuoso de la Ley, por lo que será cumplirá la disposición que se concluya. «Estamos trabajando en el aspecto legal para hacer las modificaciones presupuestarias y transferir el dinero a los centros poblados», apuntó.
La suspensión de la autoridad provincial será analizada en una sesión del Consejo provincial. «Acataré la decisión que se tome por la mayoría», apuntó Aníbal Gálvez.
Asesor legal considera que el pedido de suspensión es improcedente
Acerca de la solicitud de suspensión, el abogado Wilmer Vásquez Fernández, a cargo de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Chota, afirma que el pedido debería ser rechazado porque considera que el Gobierno provincial ha cumplido la transferencia de fondos a los centros poblados del distrito capital.
Explica que el problema surge debido a la ley 31970, aprobada el 29 de diciembre y publicada el 30 de diciembre de 2023 por el Congreso, que exige a las municipalidades provinciales transferir recursos no solo a los poblados del distrito capital, sino a todos los centros poblados de la provincia. Según el jurista, esta decisión afecta a los presupuestos ya planificados por las municipalidades, y el Gobierno central no ha transferido los fondos necesarios para cumplir la ley adecuadamente.
Además, Wilmer Vásquez insistió que, para dar cumplimiento a lo que la ley exige, se tiene que recortar parte del presupuesto asignado para algunos programas, obras y proyectos de la entidad. Consideró irresponsable la medida adoptada por los congresistas de la República.
Por último, el asesor legal manifiesta que el siguiente paso es notificar al Consejo municipal para que la autoridad provincial presente su defensa en un plazo de 5 días hábiles. Luego, se convocará a una sesión extraordinaria para resolver la solicitud de suspensión.
