La unidad ejecutora PROREGION del Gobierno Regional de Cajamarca construirá un reservorio en el sector Agaisbamba y otro en el sector Cochopampa con el fin de mejorar el abastecimiento del servicio de agua potable en ambas zonas de Chota; los reservorios serán incluidos en la reformulación del expediente técnico del cierre y puesta en marcha del proyecto de agua y alcantarillado de esta ciudad. Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha declarado infundado un recurso de amparo presentado por pobladores para impedir la construcción de la PTAR en Pingobamba.
Así informó el funcionario del área del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado – SEMAPA, Ángel Saldaña Gonzáles. Indicó que la construcción de los dos reservorios es uno de los acuerdos y compromisos asumidos en la reunión multisectorial realizada el 19 de agosto en el Centro Cultural Akunta.
Detalló que el reservorio de Agaisbamba será abastecido por la línea matriz del agua potable de la ciudad de Chota; mientras que para el reservorio de Cochopampa se prevé una nueva línea de alimentación.
Agregó que en la reunión también se ratificó que la consultora TSL termine la reformulación del expediente técnico del proyecto a mediados de septiembre para que luego PROREGION licitar la ejecución de la obra. De igual manera acordaron concluir el arbitraje con la empresa que elabora los estudios técnicos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Pingobamba Bedoya; la consultora exige que se le compense el 50 % de sus utilidades perdidas por la oposición de pobladores que no permiten avanzar el expediente.
El TC declara infundado recurso de amparo de moradores de Pingobamba
El Tribunal Constitucional ha emitido una resolución declarando infundado un recurso de amparo presentado por un grupo de pobladores del caserío Pingobamba Bedoya para impedir la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR de la ciudad de Chota.
Como se sabe, los moradores manifiestan que la construcción de la mencionada planta en su caserío es un riesgo de contaminación contra su salud, sus animales y cultivos. Por ello desde hace años se oponen a los estudios de suelos y a la ejecución de la obra.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha determinado que la PTAR no afectará a los pobladores. En ese sentido, el funcionario de SEMAPA considera que los lugareños deben permitir la ejecución de la obra porque no les afecta.
